424.000 asturianos viven de una nómina pública
Se trata del mayor porcentaje del país, diez puntos superior al de la media nacional, y se debe al elevado envejecimiento de la población
Empleados de las administraciones públicas, pensionistas y parados con prestación suponen el 40% del total de la población del Principado
424.868 asturianos reciben una
nómina procedente del sector público al final de cada mes. Esto supone que
empleados públicos, pensionistas y parados con prestación representan el 40,12%
del total de los habitantes del Principado, es decir, que cuatro de cada diez
vive de lo que recibe de alguna administración. Se trata del porcentaje más
elevado de toda España -donde se sitúa en el 31,4% de la población con un total
de 14,62 millones de españoles recibiendo una nómina pública- seguido de cerca
por el 38,61% de Galicia y se explica en buena medida por el elevado
envejecimiento de la población regional. Casi uno de cada cuatro hogares -el
24%- está sostenido por un jubilado.
Los datos,
recogidos en un informe de Institución Futuro en base a la última Encuesta de
Población Activa (EPA), trazan una realidad socioeconómica que condiciona el
porvenir de la región y está impidiendo que Asturias, que en los 80 llegó a
tener a más de 50.000 trabajadores en nómina de empresas industriales del
Estado, deje atrás su elevada dependencia de las funciones económicas que
desempeña la administración de la que hace tiempo vienen alertado diferentes
expertos.
Para los
economistas que han elaborado el informe, el mapa autonómico de las nóminas
públicas sirve para poner de relieve «la necesaria reforma de las
administraciones públicas para ser más eficaces y eficientes, y poder funcionar
con calidad al menor coste posible, tal y como hacen todas las empresas
privadas», ya que, advierten, de seguir por este camino, «en unos años no habrá
dinero para pagar esos subsidios».
Los
asturianos cobran más de 300.000 pensiones contributivas, cifra que no coincide
con el número total de pensionistas, porque no son infrecuentes los casos de
individuos que tienen derecho a dos pagas. De hecho, según los datos de la
Agencia Tributaria, el Principado tiene más de 311.313 pensionistas y sus
ingresos anuales superan los 3.000 millones. La pensión media se situó en diciembre
en 1.035,76 euros, casi ciento sesenta euros (158,83) más que la media
nacional, fijada en 876,73 euros, según los datos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En el
capítulo de empleados públicos, Asturias cuenta con un total de 75.300
trabajadores, según la última EPA que tiene en cuenta tanto al empleo del
conjunto de las administraciones como a sus apéndices empresariales. Mientras
que el número de asturianos que dependen de las prestaciones y subsidios de
desempleo se sitúa en 49.202.
De ellos,
22.932 son beneficiarios de la prestación contributiva, 21.290 de algún tipo de
subsidio y 4.980 cobran la Renta Activa de Inserción. Sin embargo, no todos son
desempleados o pueden considerarse así, según los parámetros de la encuesta de
población activa. Y es que en ese colectivo hay prejubilados y trabajadores a
tiempo parcial que pueden compatibilizar su empleo con el cobro de la
prestación en la proporción correspondiente hasta completar la jornada. Además,
hay que tener en cuenta que la cifra de parados sobre la que se calcula la tasa
de protección oficial es la de inscritos en las oficinas públicas. La dureza de
la actual crisis ha provocado que la problemática a la que se enfrenta el
colectivo de desempleados sea doble. Por un lado hay menos parados con
cobertura y, por el otro, se ha reducido la cuantía de la ayuda económica. Si
en octubre de 2013 la cuantía media de la prestación contributiva se situaba en
los 831,1 euros, un año después se ha reducido hasta los 780,6 euros, por
debajo, incluso de la media del país que ascendió a 806,1 euros.
Desequilibrio
En
conjunto, las transferencias que recibe la región por los tres conceptos
(pensiones, desempleo y empleo público) superan los 6.000 millones al año,
cerca del 30% del PIB, unos números que denotan un claro desequilibrio entre el
tamaño de la actividad productiva regional y la dimensión de los ingresos y
prestaciones que recibe con cargo a impuestos y cotizaciones lo que, a juicio
de los expertos, obliga a ser especialmente exigente con el gasto público y a
incentivar la creación de empleo en el sector privado.
El
análisis por comunidades del mapa de nóminas públicas pone de relieve una
notable disparidad entre unas comunidades y otras. Además de Asturias y
Galicia, cuentan con una proporción de nóminas públicas superior a la media
Extremadura (36%), Castilla y León (35%), Cantabria (34%), País Vasco (34%),
Aragón (33%) y Cataluña y La Rioja, con tasas del 32%. En el lado contrario,
están Madrid, Murcia, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana y Ceuta y Melilla, con tasas inferiores al 30% del total de la
población.
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